Con la aprobación en tercer debate la nueva Ley garantiza un mecanismo electrónico de pago seguro de las deudas que el Estado mantiene con proveedores, mediante la certificación y cobro de obligaciones en plataforma digital.
El Proyecto de Ley 462 establece certificaciones de deuda con proveedores del Estado como medida de reactivación económica de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Según se define, la deuda del Estado con proveedores representa el cobro de bienes, obras o servicios, ya recibidos, a satisfacción por parte de la entidad que certifica.
El cobro será por medios digitales, debidamente aceptadas por las autoridades correspondientes.
Este sistema de pago permite la reactivación económica de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, generando confianza en el centro bancario y los comercios locales.
De acuerdo a Franklin Lucas Martínez, Presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas UNPYME, esta aprobación por parte de la Asamblea cambiará el panorama de muchas compañías que prestan servicios a entidades públicas y dependen en gran medida de esas entradas.
En Panamá, alrededor del 87% del tejido empresarial pertenece a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMEs), lo que implica que la nueva ley impactará positivamente a todo el país.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República revelan que 3 de cada 4 panameños trabajan en MiPyMEs o en el sector informal, lo que representa más del 87% de los empleos a nivel nacional.
Un estudio de impacto realizado por UNPYME, detalla que menos del 8% de las empresas MiPyMEs tienen acceso al crédito bancario por la inexistencia de programas específicos para este segmento de mercado, así como la falta de garantías y colaterales necesarios.
“Mejorar las condiciones de las MiPyMEs y garantizar el flujo de caja, no solo asegura la recuperación del sector, sino que ayudará a mantener empleos formales, y dinamiza la reactivación económica del país”, asegura Franklin Lucas Martínez.
De ahí que para las MiPyMEs que proveen servicios al Estado, esta nueva Ley se constituye en la tabla de salvación e influirá positivamente en la aceleración de pagos y recorte de los tiempos de espera para el cobro de facturas.
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